El Gobierno estudia legislar sobre la gestación subrogada

| Gestación subrogada |

Según declaraciones del ministro de justicia Rafael Catalá, el Ejecutivo debe legislar limites para evitar que haya mercadeo, que se convierta en un negocio el encargo de una gestación”.

A raíz de la noticia de la detección de una pareja y una mujer en Almería, por alquilar esta última su vientre por unos 10.000 euros, algo completamente ilegal en la legislación española. El Ministro de Justicia se pronunció al respecto en onda cero afirmando que, antes o después, el Gobierno deberá afrontar la regulación de este asunto que reconoce como “delicado”.

Actualmente la legislación española prohíbe claramente esta práctica de la maternidad subrogada, también conocida como vientre de alquiler. Según la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, el contrato por el que una mujer renuncia a la filiación del bebé que ha gestado a favor de un contratante es considerado nulo.

Sin embargo en países como India, Ucrania o en algunos estados de EEUU y México si existe una regulación al respecto. Esto ha provocado que cada vez con más frecuencia personas españolas contraten una gestación subrogada en alguno de estos países.

Por otro lado, desde 2010, el Ministerio de Justicia permite la inscripción de un bebe en nuestro país, habiendo sido gestado pro subrogación en el extranjero, si se aporta una resolución judicial que determine la filiación dictada en el país donde ha nacido. En el supuesto que uno de los progenitores haya aportado sus  óvulos o su espera, podrá reclamar que se reconozca su filiación presentando una prueba de ADN.

Según VAE y Subrogalia, de las personas que recurren a la gestación subrogada, entre un 70% y un 80% son parejas heterosexuales que no pueden gestar un hijo de manera natural por problemas físicos o de salud. El resto son  parejas de hombres homosexuales u hombres solteros, y en menor medida, mujeres solteras.

En sus declaraciones el Ministro no ha explicado en qué términos se pronunciará la futura ley, sin embargo sí  ha dejado claro que , tal y como establece el ordenamiento jurídico español, no puede existir ánimo de lucro en ningún tipo de donación. También obliga a ello el convenio sobre derechos humanos y biomédica suscrito por España,  que establece la gratuidad y el altruismo respecto al cuerpo y sus partes.

Este requisito de que no puede existir ánimo de lucro, no es incompatible con la existencia de algún tipo de compensación económica a la gestante por las molestias y gastos médicos ocasionados. Sin embargo tendremos que ver como se aborda este delicado asunto en la futura propuesta que tiene pendiente el Gobierno.

El conflicto está servido ya que en los últimos años se han manifestado opiniones encontradas tanto a favor como en contra de  regular la gestación subrogada. A favor encontramos  asociaciones de personas demandantes de está práctica, además de sociedades profesionales como el Grupo de Ética y Nueva Práctica Clínica de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), que ha elaborado una propuesta para la regulación de la gestación por sustitución.

En contra,  destacadas mujeres filósofas y académicas, además de  organizaciones feministas que lanzaron una campaña #Nosomosvasijas con el objetivo de abrir un debate sobre el tema desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. En el manifiesto de protesta redactado, las firmantes defienden que la gestación subrogada es un práctica éticamente injustificable que equiparan con la explotación e inciden en que “las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera parcial o total”

Un tema conflictivo por las opiniones enfrentadas que suscita y que el Gobierno deberá tener muy en cuenta en su regulación, cuando decida abordarla.

 
 
 

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